La Corte Suprema acogió el recurso de queja y determinó la reducción de la condena que deberá cumplir Enrique Villanueva Molina o más conocido como el “Comandante Eduardo”, por su responsabilidad en el delito de atentado, con resultado de muerte del senador de la República y padre del gremialismo, Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrio el 1 de abril de 1991, en Santiago.

El ex frentista había presentado en agosto de 2015, un recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que lo condenaron a presidio perpetuo simple por el asesinato de Guzmán Errázuriz.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Jorge Lagos– acogió la acción judicial presentada en contra de la integración de la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y mantuvo la pena dictada en primera instancia, por el ministro en visita Mario Carroza, de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.

La resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema determina que los ministros recurridos vulneraron la ley al desestimar la aplicación de la media prescripción en el caso.

“Resulta necesario tener en cuenta que el mérito de los antecedentes tenidos a la vista permite advertir que por resolución de 25 de abril de 1997, de fojas 2255, se decretó el arraigo de Conrado Enrique Villanueva Molina por 60 días, despachándose aprehensión en su contra el 23 de mayo del mismo año, conforme aparece de fojas 2287, por lo que se declaró su rebeldía por resolución de 5 de diciembre de 1997, conforme aparece de fojas 2545. Asimismo, el estudio del proceso permite advertir que por resolución de 7 de abril de 2000, de fojas 2982 de autos, al considerar que no existían antecedentes suficientes de su participación en el hecho indagado, se dejó sin efecto la requisitoria, orden de detención y rebeldía dispuestas, despachando el Ministro Instructor de la época un exhorto internacional para su interrogatorio, diligencia que se efectuó con fecha 31 de enero de 2001, juramentado a decir verdad, conforme se ordenara a fojas 3020 de la causa”, señala la sentencia.

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