Por Cristián Rivas

Latam Airlines, la aerolínea controlada por las familias Cueto y Amaro, no tiene fácil el camino para que la autoridad de libre competencia en Chile apruebe muy fácilmente su anunciado acuerdo comercial con American Airlines y el holding IAG, que integran British Airways e Iberia.

Las compañías anunciaron a comienzos de enero pasado una alianza que denominaron Joint Business Agreement, que busca profundizar su colaboración comercial. Incluso Latam habría estado a punto de concretar un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), según fuentes cercanas al procedimiento, tal como intentó cuando se negociaba la fusión entre LAN y la brasileña Tam, con compensaciones incluidas.

Pero tal como en esa oportunidad, nuevamente se quedó con las ganas de conseguir un acuerdo directamente y ahora todo está en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que acogió la presentación hecha a comienzos de agosto por la Asociación Chilena de Agencias de Turismo (Achet).

El gremio turístico advierte que el mencionado acuerdo entre las aerolíneas afectará al mercado turístico, las agencias de viajes y los consumidores, por lo que solicita que lo rechace. Habla derechamente de perjuicios a la competencia por los niveles de concentración que abarcarán las compañías en conjunto: 78% de participación en los vuelos entre Chile y Norteamérica, y 64% de la torta de los viajes a Europa.

El argumento para esta solicitud se ampara, según cercanos a la defensa del gremio, en las declaraciones que realizó Latam y American Airlines al Departamento de Transporte de Estados Unidos —DOT por sus siglas en inglés— que hasta ahora han pasado prácticamente desapercibidas en Chile y que forman parte de la carpeta que ya está en poder del tribunal.

La idea de una “fusión encubierta”

El 16 de mayo pasado el DOT hizo pública una presentación titulada “Joint Application for Approval and Antitrust Inmunity for Proposed Joint Business Agreement”, en el marco de la aprobación que también se busca en las autoridades de ese país.  Según el texto que presentó la Achet, esa presentación precisa que el Joint Business Agreement, dará origen a un tipo de fusión o alianza totalmente integrada y las aerolíneas explican al gobierno estadounidense que “expandirá el éxito de los acuerdos de códigos compartidos que mantienen las empresas y mejorará la conectividad”.

Todo ello, según la Achet “es un reconocimiento de parte de las mismas aerolíneas de que estas operaciones debieron ser previamente consultadas al tribunal y no a la FNE”, según reza el escrito de casi 80 páginas que presentó el abogado Julio Pellegrini en representación de Achet al tribunal.

La acusación de Achet profundiza en que un Joint Business Agreement sería una operación que va mucho más allá que una simple modificación de acuerdo de códigos compartidos, pues según la descripción del gremio turístico equivaldría a una fusión encubierta, en el sentido de que los socios acuerdan de manera conjunta los precios, itinerarios y capacidades de los vuelos, y cómo se repartirán las utilidades, dejando solamente fuera la propiedad de los aviones.

El reconocimiento por parte de American Airlines

“Tal práctica se ha hecho muy común y su principal objetivo ha sido el de intentar eludir la revisión de una fusión por parte de las autoridades de libre competencia”, acusa el organismo a la autoridad. Sin ir más lejos, dice que fue reconocido expresamente por el presidente de American Airlines, Scott Kirby, recientemente.

El ejecutivo fue entrevistado en un seminario organizado por la World Travel & Tourism Council este año donde expresó su definición de lo que significa este tipo de acuerdos. “Los Joint Business (Agreement) tienen todos los beneficios de las fusiones, pero sin los dolores de cabeza regulatorios de fusionar compañías”. La Achet incluso proporciona al tribunal la página web donde está alojada esta entrevista y el minuto exacto en que realiza este comentario.

Cabe recordar que el TDLC acogió la presentación de la Achet el 10 de agosto pasado y fijó un plazo de 30 días hábiles para que quienes lo deseen aporten antecedentes a la investigación, invitando directamente a que opinen otras compañías aéreas y distintas autoridades del país.

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Fuente:T13.cl

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