Por 26 votos a favor el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que validó el acuerdo entre el gobierno y la oposición en materia de gratuidad y becas. Lo mismo ocurrió esta mañana en la Cámara de Diputados, por lo que los recursos quedarán asegurados para el 2017. 

El acuerdo -que se logró anoche- incorpora entre otras materias un aumento en la cobertura de las becas bicentenario para estudiantes de universidades privadas (ver subtítulo).

El debate en la Cámara Alta estuvo marcado por el rol del Tribunal Constitucional y las críticas de parlamentarios de la Nueva Mayoría al acuerdo suscrito con la derecha. 

La discusión de la educación superior ha terminado siendo al contrarreforma a la gratuidad y el fin al lucro, porque tenemos a las universidades que lucran aguas arriba, empresas que se han negado a ser fiscalizadas, comienzan a ser tributarias de la beca bicentenario. 3.500 becas bicentenario a estas universidades”, dijo el PS Alfonso de Urresti, uno de los parlamentarios oficialistas que votó en contra.

Lo mismo hizo el PPD Jaime Quintana quien advirtió la posibilidad de que se entreguen recursos de la beca bicentenario a universidades “que estan lucrando, que están siendo investigadas”.

“Si bien se avanza, resulta muy curioso que tengamos senadores que han intentado resistir a la política más exitosa –así estaba concebida- del gobierno de la presidenta Bachelet.  Tengo dudas de cuál va a ser el futuro de esta política en el futuro y es por eso que no voy a dar mi voto”, expresó.

Quien salió en defensa del acuerdo fue la timonel DC Carolina Goic: “cuando hablamos de gratuidad no puede haber lucro, eso queda cautelado. Y el sistema de becas y ayudas estudiantiles llega a distintas instituciones y lo que se ha hecho es reforzar un tipo de beca que se entrega en distintas instituciones”. 

En respuesta a las críticas, el UDI Juan Antonio Coloma recordó que “la Nueva Mayoría ha recurrido las mismas veces al TC que nosotros. y han ganado las mismas veces que hemos ganado. Esta es una entidad constitucional, que tiene un mandato mixto, donde no hay incidencia de un grupo determinado”. 

El RN Andrés Allamand, en tanto, dijo que “nosotros no queremos ir al TC, depende de ustedes. Lo único que les pedimos es que legislen cumpliendo la constitución, nada mas”. 

Otro de los temas que cruzó la discusión fue la demora en la tramitación del proyecto de reforma a la educación superior, la denominada “ley larga”.

Al respecto, la ministra Delpiano comentó que “el avance que hemos tenido estos días genera un clima propicio para tener una discusión que va a tener que ser con un carácter de Estado. Tenemos diferencias, pero podemos llegar a acuerdos sustantivos sobre cómo se dibuja el sistema de educación superior en nuestro país, en un sistema que es heterogéneo”. 

“Aquí solo nos quedan muchos temas abiertos para ley larga, que vamos a hacer con la gobernanza, que vamos a hacer con el lucro, que está prohibido, pero que cuesta controlar, como va a ser la composición en el mediano plazo de este sistema. Hay muchos temas de mediano plazo que requieren atención”, dijo por su parte el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. 

Los puntos del acuerdo

Uno de los puntos clave de la negociación fue la extensión de los beneficios de la beca bicentenario hacia las universidades privadas. En concreto, en 2017 se incorporarán 3.500 cupos para alumnos que se matriculen en instituciones privadas no pertenecientes al Cruch. En 2018 se dispondrá nuevamente de estos cupos, los que se asignarán tomando en cuenta -en igual proporción- los puntajes P.S.U de la prueba de lenguaje y matemáticas, puntaje de notas de enseñanza media y ranking de nota.

En 2019 -cuando la gratuidad se haya extendido al sexto decil- las becas se distribuirán “indistintamente a estudiantes de universidades dentro o fuera del Cruch”. Eso sí, se fija como obligación general que las instituciones tengan cuatro o más años de acreditación y que cuenten con el 80% de sus alumnos con un puntaje ponderado superior a 450 puntos. 

Ayer, previo a la discusión de la Comisión Mixta, el gobierno había distribuido una minuta a los parlamentarios del oficialismo, donde se hacía un crítico diagnóstico, en que se advertía que aspectos como las diferencias entre las exigencias de acreditación de las estatales respecto de las privadas para acceder a la gratuidad, la prohibición de controladors con fines de lucro en las instituciones con gratuidad corrían riesgo de ser objetadas por el TC.

“Habida cuenta que los cuatros aspectos cuestionados no se ajustan en la actual formulación de las glosas del proyecto de presupuestos a los términos del fallo del año 2015 es plausible considerar que el Tribunal Constitucional podría suprimir estas diferenciaciones sin espacio para que posteriormente pudiéramos revertir esto mediante una ley corta”. 

 

Fuente:T13.cl

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