El ahora desaparecido estudio Defensa Jurídico Penal Sociedad Anónima (DJP) (que asumía la representación de personas que enfrentan causas penales, generalmente de bajos recursos), cuyas finanzas colapsaron y desde enero de 2017 se encuentra en proceso de liquidación, pone sobre la lupa al hombre fuerte de la DC, Gutenberg Martínez.

DJP fue creada en 2004  por los abogados Kleber Monlezun Cunliffe, Gonzalo Torre Griggs y la Universidad Miguel de Cervantes. El objetivo era presentarse a las licitaciones de la recién creada Defensoría Penal Pública chilena. Objetivo cumplido, pues lograron adjudicarse el 48% de las causas licitadas en la RM luego de la primera licitación.

En ese momento, la atención se concentró en las supuestas influencias políticas en la licitación, por los vínculos de una de las instituciones que formaba parte de DJP: la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo presidente (hoy rector), era el ex diputado del Partido Demócrata Cristiano, Gutenberg Martínez, casado con Soledad Alvear, la ministra de Justicia que materializó la reforma procesal penal y firmó el proyecto de ley que, de hecho, creó la Defensoría Penal Pública, con su modelo de énfasis privado.

El representante de la universidad era Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia, también del Partido Demócrata Cristiano, al que estaban ligados varios de los directivos de la institución educativa.

En setiembre pasado, Martínez dijo a CIPER que, a causa de la polémica por la universidad se retiró en 2007 de DJP. Sin embargo, los vínculos no desaparecieron completamente, pues la oficina principal de la empresa jurídica funcionó hasta su cierre, a fines de 2016, en el edificio de la Universidad Miguel de Cervantes.

Para entender la magnitud del negocio, es importante señalar que, actualmente, 508 de los 703 abogados que tiene el Estado son licitados y cerca del 35% del presupuesto de la Defensoría Penal Pública –82 millones de dólares para 2017– se consume en la contratación de defensores privados, consigna Univisión Noticias

Por otra parte, cabe destacar que en junio de 2016, la firma DJP dejó de pagar los sueldos de los abogados que subcontrató para defender a las personas de bajos ingresos en Chile. La empresa se defendió, alegando que no era un buen negocio y que, además, tenía pérdidas, y tres meses después –en setiembre de 2016– de mutuo acuerdo, puso fin a cuatro contratos con la Defensoría Penal Pública.

“No sabíamos la realidad de los trabajadores impagos por meses, algunos hasta un año, porque no estaban dentro de las nóminas de abogados ni de asistentes que tenían relación con nosotros a través de los contratos licitados”, dijo el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría, Álvaro Paredes.


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