Un fantasma recorre a la sociedad chilena y es la incertidumbre. El régimen construido por la Constitución del 80, con la visión estratégica y autoritaria de Jaime Guzmán y la fuerza sin escrúpulos de Pinochet, sigue siendo la base de la vida política y social del país, tanto por la imposibilidad de transformarse a sí mismo en un régimen de derechos sociales como por la limitación a la soberanía popular.

Por otra parte, en la gobernabilidad pos-Pinochet, Lagos era una pieza fundamental en la articulación entre la DC y el PS-PPD, alianza que le dio gobernabilidad a la reducida democracia chilena durante 25 años. Su derrota es la derrota de un proyecto consensuado de desarrollo del país que se articulaba por el acuerdo binominalista con Longueira-Piñera. Es decir, Chile se ha quedado sin proyecto nacional de consenso, en el marco de un agotamiento de su modelo de desarrollo. Esta ausencia genera incertidumbre en la elite, pero también en la sociedad.

Pero, bien, la incertidumbre es propia de la modernidad. La cualidad específica es que se están viviendo incertidumbres respecto del marco en que se desarrollarán las luchas políticas y sociales en el país.

Ya no es claro que la elite política tenga acuerdo sobre qué es lo fundamental a resguardar del proyecto país; tampoco es claro que el empresariado tenga las certezas de que su impunidad y voracidad vuelvan a tener la anuencia política y la legitimidad social con las que operaron. Pero también la clase media emergente, cuyo endeudamiento fue alentado como patrón de crecimiento económico, parece no tener seguridad sobre su futuro, más aún cuando la oferta política se ha despolitizado y sus demandas sociales rechazan toda representación partidista.

Asimismo, los trabajadores precarizados, el asalariado sin sindicato y el trabajador por cuenta propia, asisten casi impávidos tanto a la ronda de billonarios robos por parte de oficiales del Ejército, de Carabineros, y a saber quién más, como a la ya consabida impunidad empresarial que se dedicó a comprar políticos.

Los tiempos de incertidumbre que se han abierto, lo sabemos, pueden girar hacia una restauración conservadora al estilo Macri-Temer o pueden abrir un nuevo ciclo de reformas, esta vez más estructurales y exitosas.

Esta incertidumbre no se produce por un “equilibrio de fuerzas” en el plano social, pues los diversos movimientos han tenido una expresión multitudinaria en varios momentos, que manifiestan la idea de que las cosas tienen que cambiar. Las encuestas serias también muestran el apoyo popular al cambio de las AFP, de las Isapres, por recuperación del agua y otras demandas que implican más presencia del Estado en la economía.

La sensación de empate es más bien política, pues la presión por las reformas choca con las fuerzas de la contrarreforma en el Parlamento, y con el apoyo mediático desgastando ese impulso. Ocurre por lo que es evidente: la mayoría electoral no es lo mismo que la mayor cantidad de poder para producir el cambio. Menos aún en un sistema democrático limitado, con carencia de resortes como la iniciativa popular de ley o la coherencia de las fuerzas políticas con su programa y con sus representados.

En el sentido anterior, este período se caracteriza también –y es lo más relevante– por la ausencia de un proyecto de desarrollo compartido y un sujeto social y político de carácter popular, capaz de construir un bloque por los cambios de carácter mayoritario que lo haga posible.

Ese “sujeto histórico” no es ni “la clase” ni una sumatoria de movimientos sociales reivindicativos de variado tipo. La “clase”, en el neoliberalismo del siglo XXI, no es el proletariado industrial convocado a ser la “vanguardia”, son los múltiples asalariados precarizados que tienen la cualidad de tener una contradicción estructural con la economía capitalista. Pero, por ser heterogéneos en sus situaciones y demandas, solo pueden ser unificados por una cierta identidad que está ausente desde la política y que hoy la encuentran en el consumo (Le Pen y otros populismos de derecha son votados por los trabajadores, no por “falta de consciencia para sí” sino porque les proveen de un relato identitario de pueblo perteneciente a una nación –injusta con ellos– y que pueden transformar).

Este es el sector social clave en la lucha antineoliberal, pues es la base del funcionamiento de la economía real, y está hoy debilitado en su organización y burocratizado en su sindicalización.

En cuanto a los movimientos sociales, se puede afirmar que permiten presionar sobre la estructura institucional, generando modificaciones tanto políticas como culturales, pero, dada su heterogeneidad de orígenes y perspectivas, no necesariamente tienen una perspectiva antineoliberal. Así se observa en movimientos como los homosexuales, feministas, étnicos, por marihuana libre o ecologistas, que enarbolan banderas de mayores libertades civiles o nacionalistas más bien anticonservadoras en lo cultural, pero no antineoliberales en el modelo económico y social.

Lo anterior es importante de debatir, pues el culturalismo –como dice Terry Eagleton– “habla el lenguaje del género, la identidad, la marginalidad, la diversidad y la opresión, pero con mucha menos frecuencia el idioma del Estado, la propiedad, la lucha de clases, la ideología y la explotación”. Hay una sobrevaloración de la cuestión cultural que coloca un velo para la crítica al capitalismo: “La sociedad capitalista relega a sectores enteros de su ciudadanía al vertedero, pero muestra una delicadeza exquisita para no ofender sus convicciones (…). El culto a la inclusión contribuye a ocultar esas diferencias materiales”. Se puede ser perfectamente neoliberal y querer a los animales o a los árboles; hay mercado para ello.

Es por lo anterior que el proceso de construcción del sujeto social y político que viabilice un cambio requiere de un norte, que recupere a la intelectualidad crítica, la agrupe y la vincule a las dinámicas sociales, apoyando la formulación de una plataforma común de carácter antineoliberal, politizadora de las demandas sociales y culturales, capaz de articular la representación política con la pluralidad de intereses a través de un relato de futuro compartido.

No se trata de producir rupturas sino, más bien, de generar experiencias comunes, que agrupen, reúnan, convivan, se reconozcan en su diferencia, pues la debilidad está en este campo y es la división, no la diversidad, es la falta de proyecto conjunto y el exceso de microidentidades orgánicas. Un camino hacia un tipo “Asamblea de la Civilidad”, que agrupe a organizaciones sociales diversas, puede llegar a expresar un momento superior del protagonismo por cambiar la situación.

En esta etapa, marcadamente electoral, parece ser que lo fundamental para lograr unidad no es la opción de la candidatura presidencial que se tome sino, en realidad, la convergencia política antineoliberal en torno a fraguar un proyecto de desarrollo del país, que se proponga gobernar en la próxima década.

Este esfuerzo requiere reducir la incertidumbre respecto del tipo de proyecto que representan las fuerzas antineoliberales a ojos de las mayorías (pues ya se conoce bastante del resultado concreto de las políticas neoliberales); se necesita una izquierda con identidad y propuesta viable en las condiciones actuales, a la vez que un nuevo pacto social y político con el centro que permita las reformas estructurales.

En tal sentido, el sujeto que transforma el mundo y no solo lo contempla, requiere de una explicación a su situación y un horizonte de salida que es un proyecto.


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